Cifras alarmantes. Un total de 127 servidores y funcionarios públicos fueron denunciados por hostigamiento y violencia sexual, en los dos últimos años. Del total, 113 fueron destituidos de sus cargos, mientras que 14 suspendidos temporalmente de sus funciones, de acuerdo a las resoluciones del Tribunal del Servicio Civil (Servir).

El equipo de Centro Liber, amparados en la Ley de Transparencia, solicitó información a la Autoridad Nacional del Servicio Civil sobre las faltas disciplinarias de los funcionarios públicos. Es importante precisar, que las personas que laboran en la administración pública se encuentran sujetas a la Ley del Servicio Civil. Esta normativa establece una serie de infracciones que derivan en sanciones de carácter administrativo.

En respuesta al pedido de Centro Liber, accedimos a 1,360 resoluciones del Tribunal del Servicio Civil reportadas por Servir, que fueron revisadas y analizadas por este equipo. Las resoluciones confirman las sanciones disciplinarias impuestas por las entidades públicas a más de mil trabajadores del Estado.

Violadores y acosadores

Una de las faltas más preocupantes en la que incurrieron alrededor de 127 servidores públicos fueron los actos de hostigamiento y/o violencia sexual. De la revisión de la información, Centro Liber advierte que 85 de los casos fueron protagonizados por docentes, directores y demás trabajadores de instituciones educativas. Las víctimas de estos funcionarios y servidores que laboran en el sector educación son menores de edad. 

Por ejemplo, este año, el docente Edgard Fredy Reynolds Montecillo, de la Institución Educativa N° 33039 de Nuevo Porvenir, de la provincia de Puerto Inca, en Huánuco, fue destituido de su cargo después de haber sido denunciado por violación sexual. La agraviada fue una menor de nueve años de edad. 

La misma sanción recibió el docente Henry Peter Grajeda Montalvo, de la Institución Educativa  N° 7220 “El Paraíso”. Este profesor fue encontrado cerca de la puerta exterior de los baños de las menores de la institución tocando su miembro viril, según se lee de la resolución de Servir. Diversas destituciones por casos de hostigamiento y/o violencia sexual también fueron llevadas a cabo en los establecimientos de salud.

Uno de los casos fue el ocurrido en la Red Prestacional Almenara, donde el tecnólogo médico del área de terapia física del Policlínico Chosica, Noe Andres Nuñez Cisneros, incurrió en actos de hostigamiento sexual en agravio de una menor. Se reportaron tocamientos indebidos en sus partes íntimas mientras el personal de la salud le efectuaba un tratamiento de terapia física de rehabilitación el 05 de septiembre de 2019.

Otro caso de violencia sexual, por parte de un profesional de la salud a su paciente, se registró en el Hospital de Pampas de Tayacaja, donde Walter Condori Quispe, licenciado de enfermería en el área de Trauma Shock del Servicio de Emergencia, realizó actos de hostigamiento sexual en agravio de la señorita de iniciales M.M.V el 05 de mayo de 2021. 

Asimismo, puestos claves para la defensa de los ciudadanos son dirigidos por servidores con perfiles peligrosos. Así, fue destituido el entonces Defensor Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Miguel Angel Miranda Mendoza, quien le solicitó favores sexuales a la señora de iniciales S.M.H.L a cambio de beneficiarla en el proceso de demanda por alimentos que el defensor iba a llevar ante el Poder Judicial.  

En esa línea, otros casos reportados fueron los de los abogados Pepe Wilfredo Rodrigo Villalobos y Christopher Jonathan Zavala Eldredge, quienes laboraban en los Centros de Emergencia Mujer del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Los extrabajadores de la institución fueron destituidos de sus cargos por haber incurrido en actos de hostigamiento sexual en agravio de sus compañeras de labores. 

Ante estos graves acontecimientos, Centro Liber difunde la relación de los 127 funcionarios (con nombres y apellidos) denunciados y sancionados por estos hechos:

Sancionados e instituciones

De acuerdo a las resoluciones de Servir, los funcionarios y servidores públicos destituidos y sancionados pertenecían a las siguientes instituciones públicas: Unidad Ejecutora de Educación Vrae La Mar y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Asimismo, a la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional de Aduanas, entre otros.

En estas instituciones se sancionaron múltiples casos de faltas éticas, incumplimiento del horario laboral y negligencia. De los cuales, los casos que se sancionaron con mayor frecuencia fueron las faltas éticas y el incumplimiento del horario laboral.

En el primer caso, los servidores fueron suspendidos o destituidos por presentar documentación falsificada, aceptar dádivas,  realizar cobros indebidos a los usuarios y demás. En el segundo caso, se sancionaron las tardanzas, ausencias por ciertas horas e inasistencias injustificadas. Entre los casos de negligencias más frecuentes están las omisiones o el no desempeño adecuado de las funciones, los cuales produjeron afectaciones a la institución. En cuanto a las denuncias por violencia física o psicológica, Servir reportó 82 resoluciones en las que se emitieron sanciones.