Cada vez que, mediante la Ley de Transparencia, un ciudadano solicita acceso a los correos electrónicos institucionales asignados  a los funcionarios públicos, la entidad le pide al funcionario usuario filtrar esta información porque podría contener datos personales. En decir, es el funcionario quien decide cuáles correos son entregados y cuáles no. 

Este procedimiento pone en duda el nivel de transparencia de la información entregada al solicitante o, como en el siguiente caso que exponemos, se puede vulnerar el derecho constitucional de acceso a la información pública (Art. 2, inciso 5, CP). 

En diciembre de 2022, Centro Liber solicitó al Despacho Presidencial copia digital de los correos electrónicos de las cuentas institucionales asignadas al ex presidente Pedro Castillo en amparo de nuestro derecho constitucional. Sin embargo, desde Palacio de Gobierno se nos ha negado el acceso a la mensajería del ex jefe de Estado. 

Si bien la Oficina de Tecnología de la Información del Despacho Presidencial remitió al Responsable de la Información Pública, Eddy Sernaque Jauregui, la credencial de acceso para la descarga del buzón de correo enviados y recibidos en formato de Datos de Outlook (PST) de Pedro Castillo Terrones, este funcionario ha decidido no entregarnos la información. 

Mediante una carta de respuesta, Eddy Sernaque sostiene que debido a que el expresidente se encuentra detenido no es posible que pueda verificar que los correos institucionales no contengan datos protegidos y, en consecuencia, no puede remitir la información. Agrega que, se encuentran impedidos “legalmente” para cumplir con su obligación estipulada en la Ley Nº27806.

VULNERACIÓN DEL DERECHO

El equipo legal de Centro Liber analizó los argumentos de Palacio de Gobierno y la jurisprudencia en esta materia y consideramos vulnerado nuestro derecho de acceso a la información pública por los siguientes motivos:  

Cuando una entidad pública sostiene que la entrega de información requiere el análisis y evaluación de cada uno de los correos electrónicos del titular de la cuenta, a fin de verificar si existe información cuya publicidad pudiera afectar la intimidad personal o familiar, o que se encuentre restringida por las excepciones del artículo 15, 15-C, 16 y 17 de la Ley de Transparencia, este hecho no puede ser impedimento para que la entidad niegue la información. 

En el caso existiera negativa para cumplir con el procedimiento de revisión de información por parte del funcionario, el Tribunal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública ha precisado lo siguiente: ”(el funcionario) al no señalar expresamente que la información contenida en su correo es secreta, reservada o confidencial, [...] ello evidencia que la presunción de publicidad que recae sobre todo el contenido del correo institucional se mantiene vigente, ya que la naturaleza pública de las comunicaciones electrónicas solicitadas no ha sido desvirtuada” (Resolución N° 001992-2022- JUS/TTAIP-PRIMERA SALA).

Es decir, que toda la información contenida en los correos institucionales asignados al ex presidente Pedro Castillo para el ejercicio de su cargo es pública al no haber señalado expresamente qué información contenida en su correo es secreta, reservada o confidencial.

Resulta importante mencionar que, de acuerdo con el artículo 10 del T.U.O. de la Ley de Transparencia,“toda entidad del Estado tiene la obligación de proveer la información requerida que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control”, en este caso específico los correos electrónicos del ex mandatario. 

Centro Liber, en consecuencia, ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia. Las respuestas de las entidades públicas ante pedidos sobre correos electrónicos continúan generando polémica. Sobre esta materia, en el 2022, Centro Liber consiguió tres resoluciones favorables del TTAIP confirmando la vulneración del derecho de acceso. Puedes revisar estas resoluciones en la sección de Apelaciones.