El ex presidente Alejandro Toledo y el ex juez supremo César Hinostroza fugaron del Perú rumbo a los países de Estados Unidos y España, respectivamente, con el propósito de evadir a la justicia que los procesa por graves delitos contra la administración pública. Mientras tanto, el Estado peruano continúa con los procesos de extradición en los países mencionados, lo que ha significado una inversión de recursos públicos en lo que respecta a la contratación de importantes estudios de abogados internacionales. ¿Cuánto está invirtiendo el Estado peruano en extraditar a Toledo e Hinostroza?

En amparo de la Ley de Transparencia, Centro Liber solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) información sobre los contratos suscritos entre el Estado peruano y los estudios de abogados para la defensa legal en los procesos de extradición de Alejandro Toledo y César Hinostroza. El ministerio entregó información parcial sobre el tema a Centro Liber, por lo que recurrimos al Tribunal de Transparencia mediante un recurso de apelación. El Tribunal ordenó al MINJUS cumplir con su obligación y entregarnos las copias de los contratos al tratarse de información por ser de acceso público. Aquí te compartimos toda la documentación. 
 

Caso Toledo: El del millón de dólares

Alejandro Toledo, presidente del Perú entre 2001 y 2006, fugó en enero del año 2017 a Estados Unidos. Un mes antes de su fuga, se revelaron los sobornos que habría recibido por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Las coimas a Toledo tuvieron como fin que la empresa Odebrecht gane la adjudicación de los tramos 2 y 3 de  la carretera Interoceánica Sur, obras por las que Toledo habría recibido 31 millones de dólares, según detalló el exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata. 

Por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en detrimento del Estado, el juez Concepción Carhuancho ordenó la detención preventiva de Toledo. De acuerdo con la hipótesis fiscal, las cuentas de Toledo con la offshore Ecoteva provienen de las coimas recibidas. Dinero con el que, además, habría pagado las hipotecas de sus casas en Lima y Punta Sal.

En febrero del 2019, el Ministerio de Justicia, representado por José Carlos Gastelu Herrera, firmó un contrato con la firma Foley Hoag LLP, ubicada en Washington, para la defensa del Estado Peruano en los Estados Unidos. El objetivo: extraditar a Alejandro Toledo Manrique, Mariella Janette Hierta Minaya y Gustavo Fernando Salazar Delgado. 

Los dos últimos también son personajes vinculados a sobornos de Odebrecht. Minaya, fue presidenta de la Comisión Especial de Licitación del Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, quien habría recibido coimas por la empresa brasileña. Mientras que Gustavo Salazar es el empresario que ocultó el soborno pagado al ex gobernador de Cusco Jorge Acurio. 

El monto acordado por la extradición de los tres ciudadanos fue de un millón de dólares (USD 1 082 070), según establece el contrato conseguido por Centro Liber mediante el acceso a la información pública.  Es importante mencionar que, el plazo previsto en el contrato concluye con la notificación de la resolución que resuelva cada proceso de extradición y/o hasta agotar el monto contractual. 

En julio del 2019, Toledo fue arrestado en los Estados Unidos y se ordenó su reclusión en una cárcel pública en tanto continuaba el trámite de extradición. A causa de la pandemia, se le concedió libertad bajo fianza en marzo del 2020. 

El 25 de febrero del 2021, la Procuraduría Publica Ad Hoc caso Odebrecht, solicitó ampliación del plazo del contrato hasta por doce meses. La ampliación no generó una ampliación presupuestal, pues existía un saldo de USD 514 830 y los procesos de extradición no fueron concluidos. La ampliación fue firmada el 31 de marzo del 2021. Es decir, entre el 2019 y 2021 (dos años) se ha gastado cerca del 50% del dinero presupuestado en el contrato inicial. 

El presente año, en el mes de abril, se denegó en Estados Unidos el habeas corpus que solicitó Toledo debido a una inminente extradición decidida en primera instancia. Toledo apeló a una segunda instancia cuyos resultados se encuentran en proceso.

Caso Hinostroza: Paradero desconocido 

El ex juez supremo Cesar Hinostroza Pariachi es investigado por ser el presunto cabecilla de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, agrupación de altos magistrados que formaron una red de tráfico de influencias. César Hinostrosa escapó de la justicia peruana el 7 de octubre del año 2018. 

Pariachi tuvo que pasar por el control migratorio en Ecuador. Sin embargo, las alertas migratorias no se activaron pese a su impedimento de salida, pues su huida la habría facilitado Yhenifferd Bustamante Moretti, inspectora migratoria peruana. Ese mismo día, el ex juez se enrumbó a París para luego solicitar asilo en España. 

Posteriormente, Hinostroza se reunió con su esposa en Madrid. El 5 de enero de 2018, su pedido de asilo fue negado. El 23 de septiembre del año siguiente, la justicia española ratificó su extradición por los delitos de patrocinio ilegal,  negociación incompatible y tráfico de influencias. Fuentes de la Procuraduría Anticorrupción informaron a Centro Liber que, en 2018, se firmó un primer contrato entre el Ministerio de Justicia y el estudio español Pelayo, Clemente, Baos - Abogados, ubicado en Madrid, por un monto de 25 mil euros.  

Sin embargo, esta documentación no nos ha sido remitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Lo que sí nos ha reportado este ministerio, es el contrato (se trataría del segundo acuerdo), de fecha 24 de febrero de 2020, suscrito entre el Ministerio de Justicia, representado por Sergio Ricardo La Matta Castro, y el estudio Pelayo, Clemente, Baos - Abogados, para la defensa legal en lo que respecta al segundo cuadernillo de extradición contra César Hinostroza. El valor del contrato, nuevamente, fue por 25 mil euros.

En suma, los gastos por las extradiciones de Alejandro Toledo Manrique, Mariella Janette Hierta Minaya, Gustavo Fernando Salazar Delgado y César Hinostrosa bordean los 5 millones de soles. Se trata de largos procesos cuyos cierres con el retorno de los prófugos aún es incierto.