En octubre de este año, se realizarán las Elecciones Regionales, y sus autoridades se alistan para dejar el cargo en medio de una serie de investigaciones fiscales seguidas en su contra. Ninguno se salva. Los 25 gobernadores regionales del Perú cuentan con un mínimo de dos hasta un máximo de 62 investigaciones fiscales activas. 

El equipo de Centro Liber ha creado una base de datos en donde advertimos un total de 557 investigaciones fiscales activas contra los gobernadores regionales, de los cuales el 70% involucra delitos de corrupción. Este registro fue elaborado con información obtenida del Sistema Informático de Consulta de Casos a Nivel Nacional del Ministerio Público, al cual se accedió mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

De esta manera, hemos evidenciado una realidad preocupante respecto a las denuncias e investigaciones que involucran a estas autoridades. Así tenemos que, los gobernadores de Pasco y Loreto, Pedro Ubaldo Polinar y Elisban Ochoa Sosa, respectivamente, lideran la lista de autoridades regionales con más de 60 investigaciones activas. Se trata de dos personajes conocidos por denuncias reportadas año a año.

Ranking de investigados

Pedro Ubaldo Polinar, el actual gobernador de Pasco, lidera el ranking de gobernadores con más investigaciones en curso. Esta autoridad registra un total de 62 casos activos en el Ministerio Público, 2 en investigación formalizada, 24 en etapa preliminar y uno con acusación. La mayoría de casos son por delitos contra la administración pública, negociación incompatible, concusión, abuso de autoridad y peculado. 

Uno de los casos mediáticos de presunta corrupción en los está involucrado Pedro Ubaldo, tiene que ver con la construcción del Hospital Roman Egoavil Pando, que comenzó en noviembre del 2019. El presupuesto asignado fue de 108 millones de soles, sin embargo, para noviembre del 2021, la cifra superaba los 130 millones de soles, mientras que solo se registra un 30% de avance en la obra. 

El segundo puesto en el ranking,  solo con dos casos menos, lo ocupa el gobernador regional de Loreto, Elisban Ochoa Sosa. Desde que asumió el máximo cargo regional, se le han aperturado carpetas por presuntos delitos de tráfico de influencias, usurpación, enriquecimiento ilícito, seguidas por un largo etcétera. 

En marzo del presente año, el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Ochoa. De acuerdo a la investigación fiscal, Ochoa y otros funcionarios autorizaron la contratación de servicios de alimentos y alojamiento para los ciudadanos varados durante la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, sin embargo, se advirtió que los contratos carecen de la firma de proveedores, pero los desembolsos fueron ejecutados.

Con más de 30 denuncias sigue en la lista, Baltazar Lantarón, gobernador de Apurímac. Lantaron registra 35 investigaciones por delitos de tráfico de influencias, aprovechamiento indebido del cargo, concusión, nombramiento ilegal de cargo público, peculado, negociación incompatible y tráfico de influencias. Tres de los casos se encuentran con investigación preparatoria formalizada, dos con acusación y 11 con archivo preliminar. 

Uno de los casos más conocidos es su investigación por delitos de corrupción por la presunta compra irregular de 10 ambulancias por S/3.6 millones, en medio de la Emergencia Sanitaria por la Covid-19. Fue así que en agosto del 2020, el Ministerio Público y la Policía allanaron las viviendas del gobernador ubicadas en Abancay y Lima 

Otros dos gobernadores con similar número de carpetas fiscales abiertas son Servando García Correa, gobernador de Piura, con 34 delitos en investigación; y Juan Manual Alvarado Cornelio, gobernador de Huánuco con 32 investigaciones abiertas en su contra. 

En cuanto a los casos de García, 11 se encuentran en la etapa preliminar, una con investigación preparatoria formalizada, y otras 11 con archivo preliminar. Entre los casos emblemáticos del gobernador de Piura está el de las cartas fianzas falsas, valorizadas en S/3 956 848, pagadas por su gestión al consorcio a cargo de la obra de mejoramiento del centro de salud de Máncora.

Mientras que Juan Alvarado, es el gobernador que se encuentra suspendido y prófugo. Pues en marzo del presente año la Fiscalía Anticorrupción dictó 18 meses de prisión preventiva para el gobernador regional de Huánuco. Esta medida se debe a la compra irregular de 7995 laptops, en la que se halló un posible perjuicio de 23 millones de soles. 

A los gobernadores antes mencionados, se les suma otro trío  con más de 30 casos. Ellos son Carlos Alberto Rua Carbajal, gobernador de Ayacucho con 31;  Fernando Orihuela Rojas, gobernador de Junín, y Javier Gallegos, gobernador de Ica, ambos con 30 casos. 

Desde el año 2019, Orihuela registra denuncias por delitos de abuso y resistencia a la autoridad, nombramiento ilegal de cargos públicos, colusión, organización criminal, peculado, concusión, violencia contra la autoridad, negociación incompatible, entre otros. Cabe precisar que, Orihuela guarda vínculos con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerron. Ambos fueron denunciados en el 2021 por proporcionar irregularmente resguardo policial a Cerrón. 

Por su parte, Carlos Rua cuenta con múltiples denuncias por negociación incompatible, abuso de autoridad y malversación de fondos. Uno de los casos emblemáticos de la Fiscalía contra Rue tiene relación con varios hoteles que la autoridad regional tendría en el distrito de Sivia (Huanta) como en la ciudad de Ayacucho, bajo el rubro de vivienda comercial. Además, presentaría otros dos hoteles más en la ciudad de Quillabamba, región Cusco a nombre de terceras personas.

En un tercer grupo con una veintena de casos se encuentran Ricardo Chavarría Oria (Lima) con 29 investigaciones; Manuel Llempen (La Libertad) y Juan Tonconi Quispe (Tacna) ambos con 27 casos aún en investigación; Jean Paul Benavente García (Cusco), con 24 y Oscar Altamirano Qusipe (Amazonas) con 20 investigaciones fiscales. 

Finalmente, con menos de 20 casos encontramos a Francisco Pezo Torres (Ucayali) con 19; y Anselmo Lozano Centurión (Lambayeque) y Maciste Diaz Abad (Huancavelica) con 18 carpetas fiscales abiertas. Además de Henry Borja Cruzado (Ancash) con 16 investigaciones y Zenón Cuevas Pares (Moquegua), con 13 casos aún en proceso. También se suman Dante Mandriotti Castro (Callao), Germán Alejo Apaza (Puno) y Mesias Guevara Amasifuen (Cajamarca), con diez, siete y cinco investigaciones respectivamente registradas en la base de datos del Ministerio Público, a la que Centro Liber tuvo acceso.

Deber ciudadano

Centro Liber ha podido tener acceso a esta información como consecuencia de una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio Público con el objeto de poder tener una aproximación a la situación actual de nuestras autoridades a nivel regional. 

Estando a portas de las elecciones regionales 2022 urge un estado activo de la ciudadanía para no repetir escenarios con autoridades con amplios historiales delictivos ya que en cuyas manos se confía el manejo de dinero público cuyo único fin debería ser el desarrollo de las regiones. 

Accede a la base de datos del Ministerio Público ingresando a Archivo Liber